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Un nuevo escenario deportivo amplía las oportunidades para el deporte en La Guajira
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Cuatro magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia pusieron en conocimiento de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y de la Procuraduría General de la Nación, una serie de hechos denunciados por la defensa de la senadora Martha Peralta Epieyú, que podrían tener implicaciones penales y disciplinarias contra su compañera magistrada Cristina Lombana.
La decisión quedó consignada en un oficio fechado el 27 de julio de 2026 y firmado por los magistrados Francisco Javier Farfán Molina, Marco Antonio Rueda Soto, César Augusto Reyes Medina y Misael Fernando Rodríguez Castellanos.
El documento hace referencia al memorial presentado el pasado 7 de julio por el abogado defensor Marlon Fernando Díaz Ortega, dentro del radicado 1316, en el que se denunciaron posibles irregularidades relacionadas con el desarrollo de la actuación penal por parte de Lombana.
En el oficio, los magistrados señalan expresamente: “Tuvimos conocimiento del memorial presentado el 7 de julio de 2026 por el abogado Marlon Fernando Diaz Ortega, dentro del radicado n.° 1316, que la Sala Especial de Instrucción sigue respecto de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú”.
A continuación, la Sala deja constancia de la gravedad de los señalamientos formulados por la defensa, particularmente por su posible impacto sobre las garantías procesales de la congresista:
“En dicho documento se informa sobre la ocurrencia de situaciones que pudieron haber tenido ‘incidencia en el ejercicio efectivo del derecho de defensa y en las garantías propias del debido proceso’ y se señalan posibles irregularidades en la manera en que se han desplegado las competencias coercitivas dentro de esa actuación penal”.
Ante la naturaleza de los hechos expuestos por el abogado defensor, los magistrados decidieron trasladar el memorial a las autoridades encargadas de establecer si existe algún tipo de responsabilidad. El oficio es claro al explicar la razón de la remisión:
“Por la posible incidencia penal y disciplinaria que pueden tener los hechos y las situaciones procesales descritos por el abogado defensor de la procesada, por medio del presente remitimos a sus despachos copia del documento referido para lo que estimen de su competencia”.
Es decir, la propia Sala Especial de Instrucción consideró que los hechos relatados por la defensa podían tener una eventual incidencia penal y disciplinaria, por lo que decidió ponerlos en conocimiento tanto de la Comisión Legal de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes como del Procurador General de la Nación.
