Contraloría revela hallazgos fiscales y penales por mal uso de recursos del SGP-APSB (2020-2024) en Uribia

En el marco de los procesos de auditoría y atención de denuncias, la Contraloría General de la República, a través de su delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, identificó múltiples hallazgos que evidencian deficiencias graves en la gestión e inversión de los recursos del SGP – Agua Potable y Saneamiento Básico, afectando significativamente los proyectos financiados con dichos recursos.

Como resultado de las denuncias ciudadanas atendidas entre 2020 y 2024, se configuraron 13 hallazgos fiscales y 6 con presunta incidencia penal, todos relacionados con recursos del SGP – Agua Potable y Saneamiento Básico. Los hallazgos fiscales sumaron $33.614 millones, destacándose el caso del departamento de Bolívar, donde fallas en el funcionamiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado en los municipios de Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao de Kostka y Soplaviento representaron un hallazgo por $2.775 millones.

Las auditorías realizadas en 2022, 2023 y 2024 revelaron 109 hallazgos fiscales, por un total de $60.965 millones. Entre los casos más relevantes se encuentran los de San Andrés Islas y Tibú (Norte de Santander), donde se identificaron graves deficiencias en la supervisión y control del cobro y asignación de subsidios, generando un daño patrimonial superior a los $14.000 millones. Durante estas auditorías también se detectaron 19 hallazgos con presunta incidencia penal.

Las principales causas de los hallazgos incluyen la falta de planeación y estructuración adecuada de los proyectos. Se detectaron fallas como la ausencia o insuficiencia de estudios técnicos previos, falta de soporte en la formulación, demoras en la gestión de permisos ambientales y una desconexión entre los estudios contratados y las necesidades reales de las comunidades. Estas deficiencias afectaron directamente los resultados y la puesta en funcionamiento de las obras. Además, se evidenció el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la ausencia de manuales de operación.

En la ejecución y supervisión de los proyectos se evidenció una omisión sistemática en la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. En varios casos, las obras no cumplían con las especificaciones técnicas pactadas o resultaban inoperativas. También se registraron atrasos significativos en la ejecución, con incumplimientos tanto de los plazos legales como contractuales, y una débil supervisión sobre los tiempos de entrega.

Las deficiencias en la gestión administrativa y financiera también generaron daños patrimoniales y posibles conductas de carácter penal. Se identificó el uso indebido de recursos del SGP – Agua Potable y Saneamiento Básico en gastos no permitidos por la Ley 1176 de 2007, lo cual obstaculizó su correcta ejecución. Entre estos usos indebidos se encontraron compras de gasolina corriente y ACPM para operar y mantener vehículos y maquinaria, adquisición de insumos de ferretería y mejoramiento de vías urbanas, actividades expresamente no elegibles con estos recursos.

En el año 2024 se ejecutaron $103.932 millones del componente de agua potable y saneamiento básico en actividades no elegibles. Los municipios con mayor participación en estos gastos irregulares fueron Uribia, Montería, Puerto Escondido, Sabaneta y Arboletes, como se detalla a continuación:

Tabla 1. municipios con mayor ejecución actividades no elegibles recursos SGP Agua Potable y Saneamiento Básico Año 2024

Asimismo, se identificaron errores en la facturación, liquidación y asignación de subsidios, provocados por bases de datos desactualizadas y procesos de estratificación socioeconómica inconsistentes. Estas fallas dieron lugar a pagos indebidos, afectando directamente la eficiencia del gasto público. Este patrón fue recurrente en los hallazgos, donde se evidenciaron subsidios entregados que superaban los límites establecidos por la normativa vigente, ausencia de control y supervisión efectiva, y aplicación inadecuada de los criterios de elegibilidad. Algunos de los municipios con irregularidades fueron Tibú, Los Patios y El Zulia (Norte de Santander), Granada (Meta), Yopal (Casanare), Popayán (Cauca) y Palmira (Valle del Cauca), entre otros.

También se evidenció un incremento en los costos operativos y una ausencia de mantenimiento preventivo, lo cual compromete la sostenibilidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado. Estas deficiencias limitan su capacidad para cumplir con los estándares de calidad, continuidad y eficiencia exigidos para la adecuada prestación de los servicios públicos a la comunidad.

En conjunto, los hallazgos expuestos reflejan debilidades estructurales en los procesos de planificación, formulación y ejecución de proyectos, así como en los mecanismos de control interno, interventoría y supervisión. La falta de buenas prácticas y el uso inadecuado de los recursos públicos afectan la eficacia en la prestación de servicios y la asignación de subsidios.

La Contraloría General de la República reitera que solo mediante una administración pública responsable, transparente y comprometida con el cumplimiento de la ley, será posible garantizar que los recursos del Estado lleguen a quienes más los necesitan y que los servicios públicos se presten con calidad, continuidad y eficiencia. Esto es fundamental para cumplir con la finalidad social del Estado colombiano.