English 
Oro en la arena: Uniguajira brilla en los Juegos Nacionales ASCUN 2026
Oro en la arena: Uniguajira brilla en los Juegos Nacionales ASCUN 2026
Autoridades Tradicionales y Líderes Indígenas Wayuu, pertenecientes a las comunidades afectadas por la ejecución del Proyecto Área de Perforación Exploratoria María Conchita, desarrollado por la empresa MKMS Enerji Sucursal Colombia, denunciaron graves hostigamientos, intimidaciones con armas de fuego y amenazas de muerte en su contra, mientras permanecen en asamblea permanente desde el pasado 15 de octubre.
De acuerdo con las denuncias, los hechos se vienen registrando desde la madrugada del 16 de octubre en inmediaciones de la comunidad indígena Puente Palo, ubicada dentro del Resguardo Indígena de la Media y Alta Guajira, jurisdicción del Distrito de Riohacha, donde sujetos armados que se movilizaban en camionetas habrían realizado disparos al aire y proferido expresiones humillantes contra los manifestantes, llamándolos «muertos de hambre».
Las autoridades indígenas aseguran que los hostigamientos continuaron durante los días siguientes y que, en la mañana de este lunes 19 de octubre, aparecieron varios panfletos con amenazas de muerte, presuntamente suscritos por una organización criminal, en los cuales se les concede un plazo de 24 horas para abandonar la comunidad, advirtiéndoles que, de no hacerlo, pasarían de los disparos intimidatorios a los atentados directos contra sus vidas.
Las autoridades tradicionales consideran que estas intimidaciones podrían estar relacionadas con las reclamaciones que vienen adelantando frente a la empresa MKMS Enerji Sucursal Colombia, por las presuntas afectaciones derivadas de la ejecución del proyecto y las exigencias de cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades indígenas. No obstante, hasta el momento no se ha establecido la identidad de los responsables ni existe información que permita atribuir a la empresa participación en los hechos denunciados.
Ante la gravedad de la situación, las autoridades indígenas hacen un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección y demás instituciones competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes, identifiquen a los responsables y adopten medidas inmediatas de protección que garanticen la vida, integridad, seguridad y permanencia de las comunidades en sus territorios ancestrales.
Las autoridades tradicionales reiteran que sus reclamaciones se fundamentan en el ejercicio legítimo de sus derechos constitucionales a la autonomía, la libre determinación, la defensa del territorio y la manifestación pacífica, y advierten que ninguna exigencia de derechos puede convertirse en motivo de persecución, intimidación o amenazas contra la vida de los pueblos indígenas.
La situación exige una intervención urgente del Estado colombiano para prevenir posibles atentados y garantizar que las comunidades Wayuu puedan ejercer sus derechos sin temor a represalias.
