Alianza entre Uniguajira y entidad sueca abre nuevas oportunidades para la transición energética en el Caribe

La transformación del sector energético plantea retos que van más allá de la generación de electricidad, también involucra los derechos de las comunidades, la participación ciudadana y las condiciones sociales de los territorios. Frente a este panorama, La Guajira y Cartagena harán parte de una iniciativa internacional que busca aportar conocimiento y promover soluciones desde los ámbitos académico y comunitario.

Para alcanzarlo, la Universidad de La Guajira formalizó un memorando de entendimiento con el Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de Suecia. El acuerdo fue suscrito por el rector Carlos Arturo Robles Julio y Morten Koch Andersen, director del Departamento de Investigación y Educación de la entidad sueca y tendrá una duración de cinco años, con posibilidad de renovación mediante acuerdo escrito.

La cooperación se desarrolla en el marco del proyecto Una transición verde, justa y sostenible en Colombia: fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos, financiado por la Fundación Sueca de la Lotería del Código Postal para el periodo 2026-2028. Su implementación contempla dos escenarios: La Guajira, con énfasis en los derechos de los pueblos indígenas, y Cartagena, donde se trabajará por los derechos de las comunidades afrocolombianas.

“Estábamos buscando un actor académico enraizado en el territorio y que tuviera la capacidad de trabajar con las comunidades, pero que a su vez diera una impronta científica, un valor académico al trabajo que íbamos a realizar. Nos pareció que la Universidad de La Guajira era el lugar más adecuado”, explicó Alejandro Fuentes, doctor en Derecho e investigador principal del Instituto Raoul Wallenberg.

La participación de la Alma Máter se concretará en tres frentes: investigación aplicada, proyectos de cambio o transformación territorial y una clínica jurídica. En el primero se abrirán convocatorias para docentes con trayectoria investigativa, de las cuales se espera seleccionar cuatro estudios que producirán informes académicos. El segundo contempla cuatro iniciativas dirigidas a poblaciones locales, entre ellas comunidades indígenas y grupos étnicos, con el propósito de impulsar cambios en sus territorios. La selección tendrá en cuenta la calidad científica, la pertinencia y la capacidad de generar resultados.

El tercer frente será una clínica jurídica en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, orientada a abordar problemáticas colectivas relacionadas con los derechos humanos y las implicaciones de la transformación del sector energético. Este espacio también permitirá que los estudiantes relacionen su formación jurídica con las realidades de la población. Su puesta en marcha está prevista para comienzos de 2027.

Andrea del Carmen Zárate Cobo, docente del programa de Derecho y coordinadora de la articulación institucional por parte de Uniguajira, ha sido una de las impulsoras de este proceso. Sus publicaciones sobre transición energética despertaron el interés del organismo sueco y facilitaron el acercamiento entre ambas instituciones. Además, presentó la propuesta de la clínica jurídica durante el Encuentro Nacional de Clínicas Jurídicas, realizado el 15 y 16 de octubre en la Universidad del Magdalena, en Santa Marta.

Sobre el alcance de esta cooperación, Zárate Cobo destacó que permitirá ampliar la presencia de en los territorios y potenciar sus servicios: “Nuestra oferta de servicios y nuestra llegada al territorio se va a potenciar con este convenio”. La docente también resaltó el valor de la experiencia internacional y de los recursos destinados a mejorar la producción científica de la institución.

Con más de cuatro décadas de experiencia en derechos humanos, el Instituto Raoul Wallenberg busca que los conocimientos y las capacidades desarrolladas permanezcan en las universidades y los territorios participantes. Para Uniguajira, esta cooperación representa una oportunidad de ampliar su producción científica, enriquecer la formación jurídica y contribuir al análisis de los desafíos sociales y ambientales que acompañan los cambios del sector energético en el Caribe colombiano.