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¡Entre Líneas gana el premio a Mejor Proyecto de Innovación Periodística!
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Una denuncia penal y una queja disciplinaria contra un fiscal especializado antinarcóticos presentó Helion Jacobo Arends Cerchiaro, actual director de Asuntos Indígenas de Riohacha, quien asegura que fue señalado públicamente como presunto integrante de una organización dedicada al narcotráfico, tras una supuesta filtración de información reservada de una investigación penal.
En el documento, radicado ante la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira y la Procuraduría General de la Nación, Arends señala que se habría divulgado información reservada de una indagación en la que, según afirma, fue relacionado con una estructura narcotraficante.
El origen de la relación entre ambos aparece en la controversia por el lote San Ramón, un predio que lleva más de una década en medio de una disputa familiar y que ha atravesado procesos judiciales, sucesiones, compraventas, cesiones de derechos y actuaciones relacionadas con la recuperación de su tenencia.
Como lo ha indicado EL TIEMPO actualmente, la participación sobre el inmueble se distribuye entre Armenta y Cía. Inversión Inmobiliaria S.A.S., con el 52,9954 por ciento; la Universidad de La Guajira, con el 30,3046 por ciento, y Rafael Rojas Orcasitas, con el 16,666 por ciento.
Según relata Arends, el 18 de enero de 2023 fue invitado a una reunión por Lucas Gnecco Bustamante para atender una consulta jurídica. El encuentro tuvo lugar en una cabaña de alquiler frente al mar, en el sector conocido como La Raya, donde conoció al entonces fiscal Rafael Francisco Rojas Orcasitas, quien le consultó sobre el mencionado predio.
En su denuncia, Arends sostiene que en ese único encuentro que se llevó a cabo en una cabaña de alquiler frente al mar en el sector conocido como La Raya, el funcionario judicial “decía ser propietario pero que estaba invadido por familias indígenas wayuu. Su interés era adelantar una diligencia de desalojo”.
El actual director de Asuntos Indígenas explica que, por su experiencia en asuntos indígenas, se limitó a orientar al fiscal sobre los procedimientos que debían adelantarse ante la jurisdicción ordinaria y los inspectores de Policía de Riohacha para solicitar una diligencia de desalojo. También asegura que hizo énfasis en la obligación de respetar los derechos y garantías de las familias wayuu involucradas.
Arends afirma que se trató de una orientación jurídica informal, que no recibió remuneración y que nunca asumió la representación legal ni participó en actuaciones relacionadas con el inmueble. Además, precisa que el 28 de marzo de 2023 tomó posesión como director de Asuntos Indígenas del Distrito, cargo que, según manifiesta, no le permite adelantar gestiones ante despachos judiciales.
Sin embargo, tiempo después conoció publicaciones periodísticas en las que su nombre aparecía relacionado “como integrante activo de una organización al servicio del narcotráfico”. Al parecer esta información habría salido del despacho del fiscal especializado.
“Según esas mismas publicaciones, el señalamiento proviene de la investigación que adelanta el despacho del fiscal Rafael Francisco Rojas Orcasitas, en la que se me habría “perfilado” como parte de esa estructura. Es decir, lo que hoy circula en los medios es información propia de una indagación penal, que por ley debe mantenerse en reserva a cargo del funcionario a su cargo”, señala el oficio.
El denunciante sostiene que nunca ha sido citado a entrevista o interrogatorio, vinculado formalmente a un proceso penal ni imputado por estos hechos. Considera que la divulgación de los señalamientos lo expuso al juicio público y afectó su presunción de inocencia, su buen nombre, su honra y su intimidad, además de generar riesgos para su integridad y la de su familia.
“No he sido vinculado a ningún proceso, no se me ha formulado imputación y no tengo condena alguna así como tampoco cuento con ningún tipo de antecedentes de tipo judicial por ninguna conducta que sea violatoria de los tipos penales. Sin embargo, ante la opinión pública ya fui juzgado y sometido al escarnio público de manera mordaz sin respeto de la presunción de inocencia ni a un debido proceso”, puntualiza.
Arends considera que la divulgación de esos señalamientos vulneró sus derechos a la presunción de inocencia, el debido proceso, el buen nombre, la honra y la intimidad.
Por estos hechos, Arends presentó denuncia penal contra Rafael Francisco Rojas Orcasitas por los presuntos delitos de revelación de secreto y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Asimismo, interpuso una queja disciplinaria y solicitó que las autoridades investiguen el origen de la información divulgada, establezcan quiénes tuvieron acceso a los documentos reservados y determinen si hubo responsabilidades por parte de servidores públicos u otras personas.
Entre sus solicitudes también incluyó que la Unidad Nacional de Protección evalúe su nivel de riesgo, teniendo en cuenta su condición de víctima del conflicto armado y su labor como defensor de los derechos de los pueblos indígenas.
El director de Asuntos Indígenas plantea que la posterior difusión de su nombre en varios medios de comunicación, lo expuso al señalamiento público y afectó su reputación, su entorno familiar y su labor con las comunidades indígenas. Incluso advierte sobre los riesgos que, en el contexto de La Guajira, puede representar ser relacionado públicamente con organizaciones narcotraficantes.
Agradecimientos Al Periódico Tiempo.