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La Gobernación de La Guajira promueve Forrajes Milagro para afrontar los efectos de El Niño en el sector ganadero
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A través de un comunicado público, la familia Rojas Ramírez y la sociedad Armenta y Cía Inversión Inmobiliaria S.A.S. fijaron su postura frente al litigio por la titularidad y posesión del lote San Ramón, un estratégico predio ubicado en la capital guajira.
En el pronunciamiento, firmado por Franklin Juscelino Rojas Ramírez en representación del núcleo familiar, se desmintieron versiones sobre la posesión total del inmueble y se denunciaron presuntas irregularidades, presiones e intentos de apoderamiento injustificado por parte de un funcionario público.
Según precisaron los voceros, la titularidad legal del predio se encuentra fragmentada entre tres actores principales: Armenta y Cía Inversión Inmobiliaria S.A.S.: 52.99%. Universidad de La Guajira: 30.30%, adquirido mediante tres compraventas históricas. Rafael Francisco Rojas Orcasitas: 16.66%, participación adquirida en mayo de 2023 tras un traspaso a título de venta otorgado por su padre.
En medio del litigio por el predio San Ramón, el rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles Julio, interpuso una denuncia penal contra el fiscal séptimo especializado antinarcóticos, Rafael Francisco Rojas Orcasitas.
Según sostuvo el rector, el fiscal Rojas Orcasitas habría exigido un supuesto pago indebido superior a los $3.000 millones de pesos por encima del avalúo comercial del lote para concertar su venta a la institución. Robles afirmó que, tras negarse a acceder a dicha transacción, fue objeto de presiones e intimidaciones.
Asimismo, la representación familiar destacó que dispusieron de forma voluntaria la donación de un área aproximada de 1.100 mts2 al Distrito de Riohacha. Dicho espacio fue destinado a la adecuación de una vía pública y camino veredal para mejorar la movilidad de la comunidad y del campus universitario. Aclaración sobre el litigio y señalamientos contra fiscal.
El comunicado aclara que la restitución jurídica y material del inmueble fue el resultado de un proceso de reivindicación de bien inmueble promovido por la familia durante más de una década ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha. Desmintieron que la recuperación del lote hubiese sido gestión del fiscal especializado antinarcóticos Rafael Francisco Rojas Orcasitas, señalando que este únicamente asistió como acompañante en la diligencia final.
De igual manera, la familia sostuvo que el funcionario ha pretendido vincular el predio familiar con supuestos estigmas de narcotráfico para intimidar a los herederos, a las directivas de la Universidad de La Guajira y a los administradores de justicia.
En el escrito se revelan desacuerdos económicos surgidos tras una reunión en noviembre de 2023, en la cual Rojas Orcasitas se habría opuesto a la división pacífica del terreno y argumentado supuestas inversiones por $800 millones en la diligencia de desalojo, así como vínculos con terceros.
Actualmente, las partes enfrentan diferencias por el cobro de $1.100 millones de pesos derivados de cesiones de derechos de honorarios litigiosos, proceso que se tramita ante el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá. Entre tanto, la disolución de la copropiedad y liquidación del inmueble avanza mediante un juicio divisorio en el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Riohacha.
